Viviendas, colegios, estaciones del Metro de Madrid... Son numerosas las infraestructuras de la región madrileña en las que se han tenido que realizar trabajos para retirar el amianto o en las que todavía se encuentra este material.
Se trata de un mineral fibroso que fue muy utilizado para la construcción en el siglo XX debido a sus propiedades, como la resistencia al calor, la corrosión y la tensión. Sin embargo, con el tiempo se supo que la exposición a este era peligrosa para la salud por ser causa de enfermedades respiratorias y de cáncer.
Por eso, en España su utilización, producción y comercialización están prohibidas desde 2002 -tras la entrada en vigor de la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el Real Decreto sobre limitaciones y comercialización de ciertas sustancias peligrosas-, a pesar de que ya numerosos edificios estaban constituidos en partes de su estructura por este mineral (sobre todo, utilizado en cubiertas).
Posteriormente, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establecía la obligatoriedad de la retirada de amianto en todas aquellas instalaciones y emplazamientos de carácter público cuando se producen obras de demolición.
Además, se especificaba también que se debían "gestionar", a través de un "gestor autorizado", las instalaciones o emplazamientos de carácter público "con mayor riesgo" antes del 2028. Asimismo, detallaba que todos los ayuntamientos españoles debían presentar su censo de instalaciones y emplazamientos públicos con amianto antes de abril de 2023.
Fuente: www.elespanol.com
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