A mediados del año pasado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó el procedimiento para reconocer a las víctimas de la exposición al amianto una compensación económica como consecuencia de los daños y perjuicios producidos sobre su salud. Entre los requisitos para solicitar el dinero figuraba el que el daño había de derivar de alguna de estas patologías producidas por la exposición al amianto: mesotelioma, cáncer de pulmón o de laringe o asbestosis con repercusión funcional moderada o severa. El Gobierno hablaba de “miles de víctimas”, con cientos de casos en Galicia, y especial impacto en la industria naval pública.
En paralelo a ese reconocimiento del Gobierno, y con relativa discreción, un grupo de astilleros públicos bajo el control de la SEPI, herederos de la antigua Bazán, hacía números y colocaba en el pasivo de su balance las provisiones por las demandas estimadas que llegarían por parte de los abogados de las víctimas del amianto.
Izar Construcciones Navales, que así se llama el grupo en el que se integró Bazán, mantenía a cierre de 2025 “provisiones por posibles reclamaciones, fundamentalmente por asbestosis, por importe de 19 millones de euros”, según relata en su memoria, cuando un año antes, en 2024, ascendían a 15,7 millones. Durante 2025, señalan en la memoria de Izar sus gestores, se han dotado provisiones por importe de 10,6 millones correspondientes a reclamaciones planteadas por asbestosis (6 millones en 2024) y se han aplicado provisiones por importe de 7,2 millones (7,4 millones en 2024).
El total de provisiones de Izar se va hasta los 40 millones de euros, pero en esa partida están incorporadas adiciones debido a cuestiones laborales y jubilaciones de trabajadores que todavía arrastra el grupo. De esta manera, hay provisiones acumuladas por obligaciones con el personal, que sumaban a finales del año pasado 21,8 millones, y por responsabilidades, donde se incluyen los casos de afectados por la exposición al amianto y se sitúan en los citados 19 millones de euros.
La historia de Izar hunde sus raíces en la propia reconversión naval de los ochenta y el tortuoso camino que comenzaron entonces los astilleros públicos. Izar nace como consecuencia de la fusión por absorción de Bazán con Astano, Juliana en Gijón, Astilleros de Cádiz, Astilleros de Sestao y de Puerto Real. En 2004 entra en causa de disolución y el Gobierno activa su liquidación con la aprobación de la segregación de parte de sus activos y actividad militar en lo que más tarde sería Navantia. Esa aportación de actividad se determinó constituida por las factorías de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz.
Izar sigue en liquidación veinte años después. Actualmente sin ingresos propios de negocio alguno, después de que durante años pivotaran sobre la venta de activos, la antigua Bazán presenta un patrimonio neto negativo de 44 millones de euros. Y acumula unas pérdidas de ejercicios anteriores de 714 millones. El año pasado, sin ir más lejos, perdió 9,8 millones, elevando sus números rojos sobre el resultado negativo de 8,3 millones de 2024.
La singularidad de Izar Construcciones Navales no pasa desapercibida para sus auditores. Y abordan precisamente la situación generada por la asbestosis, por el impacto del amianto y sus víctimas. Mazars, que es el auditor, señala que la entidad “se encuentra inmersa en distintos procesos judiciales fruto de reclamaciones de indemnizaciones por enfermedades adquiridas por antiguos empleados (asbestosis)”. Y explica que “el proceso de control, seguimiento y evaluación de las reclamaciones y disputas que afectan a la entidad implica el ejercicio de juicio por parte de la comisión liquidadora para estimar su evolución futura y la probabilidad de que se resuelvan en contra de los intereses” de Izar. Sigue siendo tortuoso el camino, pues, esta vez con cientos de víctimas reconocidas.
Fuente: www.economiadigital.es
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